PERÍODO DEL PRESIDENTE JOSÉ LÓPEZ PORTILLO
Al iniciar su período presidencial, el licenciado José López Portillo designó Procurador General de la República al licenciado Oscar Flores Sánchez, quien ocupó dicho cargo durante todo el sexenio.
Los subprocuradores primero y segundo substitutos fueron el licenciado Manuel Rosales Miranda y el licenciado Samuel Alba Leyva, y el Oficial Mayor, el licenciado Fernando Baeza Meléndez.
1. Reforma administrativa
Durante el período 1976-1982, la Procuraduría General de la República dedicó particulares esfuerzos a transformar su organización dentro del marco de la reforma administrativa, promovida por el Ejecutivo Federal.
En el mes de enero de 1977 se integró la Comisión Interna de Administración y Programación.
1.1. Orientación al público
A fin de mejorar la comunicación con el público se creó el sistema de Orientación, Información y Quejas, dependiente de la Unidad de Relaciones Publicas e Información. Se estableció un módulo de información con directorios, cédulas de registro de quejas y sugerencias, listados o terminal de computadora para proporcionar información al público sobre detenidos y su situación jurídica.
Se restituyó el sistema de control de detenidos con la finalidad de contar con un registro para información, tanto de las autoridades como del público que la requiriese.120
1.2 Informática
Para actualizar los sistemas de la Procuraduría se creó la Unidad de Informática en septiembre de 1979, contando con avanzados sistemas de computación.
1.3 Amparo
Con motivo de las reformas en materia de amparo publicadas en el Diario Oficial de 7 de enero de 1979, se realizaron cambios sustantivos en las actividades desarrolladas por la Unidad Técnica en Materia de Amparo, a fin de adaptarse a los nuevos procedimientos para la intervención del Ministerio Público en los juicios correspondientes.
1.4 Instituto Técnico
En 1977 se reorientaron los programas de capacitación del Instituto Técnico en dos órdenes sustantivos. Primero, en la investigación de materias que son competencia de la Procuraduría General de la República. Segundo, en el sistema de selección y capacitación del personal administrativo, técnico y profesional. De común acuerdo con el Sindicato se buscó la realización de cursos permanentes de capacitación técnica, profesional y administrativa para el personal activo.121
1.5 Policía Judicial Federal
Durante este sexenio la Dirección General de la Policía Judicial Federal estableció el sistema electrónico de identificación (fichas signaléticas) con un banco de datos de acceso inmediato, que contiene los principales datos y características de los individuos con antecedentes penales del orden federal en todo el país.
El 5 de noviembre de 1981 el Procurador General de la República expidió el Reglamento de la Policía Judicial Federal. En él se incluyeron normas sobre remuneraciones, prestaciones, ascensos, promociones, desarrollo profesional, sanciones, calificaciones de méritos, reclutamientos, comisiones, etc., a fin de elevar la capacidad técnica y profesional de los miembros de este cuerpo y brindar un adecuado apoyo al Ministerio Público Federal.122
1.6 Comunicaciones
La Unidad de Comunicaciones de la Procuraduría recibió particular atención durante el período 1976-1982 a fin de integrar los diversos sistemas como redes telefónicas, micro-ondas, telex, facsímil y radio, a través de los cuales es posible establecer contacto inmediato con todo el territorio nacional.123
1.7 Facilidades administrativas en caso de colisiones de tránsito
Como parte de la reforma administrativa y tomando en consideración que generalmente quienes intervienen en colisiones ocurridas con motivo del tránsito de vehículos en carreteras federales, se encuentran fuera de su residencia habitual y que se trata de delitos no intencionales, la Procuraduría General de la República y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes emitieron un instructivo para facilitar los trámites a los particulares involucrados en este tipo de problemas.
El Instructivo en esta materia permite eliminar prolongados trámites burocráticos, que comprenden desde la retención del vehículo, su retiro del lugar del accidente, su custodia y el pago de multas. Con la simplificación de estos procedimientos se ofrece una mayor posibilidad de disminuir un factor de irregularidades que tanto ha dañado la imagen del gobierno, señalaba la Procuraduría General de la República. Los buenos resultados de la simplificación de los procedimientos con base en la humanización de la acción de justicia, llevaron a la necesidad de ampliar las disposiciones relativas contenidas en el instructivo.124
2. Modificaciones legislativas
2.1. Ley de Amnistía
Entre 1977 y 1978 la Procuraduría participó en la elaboración del anteproyecto de Ley de Amnistía en relación con quienes, sin realizar actos que atentaran contra la vida o la integridad corporal, cometieron delitos actuando bajo el influjo de un móvil político. La Ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de septiembre de 1978.
A partir de la entrada en vigor de esta ley, la Procuraduría promovió su aplicación beneficiando a mil quinientas treinta y nueve personas.125
El 24 de enero de 1979 el Procurador General de la República ofreció una conferencia de prensa a corresponsales nacionales y extranjeros, cuyo tema principal fue la desaparición de personas en México.126
2.2. Ley de Responsabilidades
Entre 1978 y 1979 la Procuraduría participó junto con la Secretaría de Gobernación en la elaboración del anteproyecto de Ley de Responsabilidades de los Funcionarios y Empleados de la Federación y del Distrito Federal, así como de los altos funcionarios de los Estados. La misma fue aprobada por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 4 de enero de 1980.
Esta legislación se aplicaba también al registro de las manifestaciones de bienes de los funcionarios de la Procuraduría General de la República. Para facilitar el trámite, la información se integró al sistema central de cómputo en 1980. En virtud de las reformas realizadas en 1982 la Oficina de Registro de Manifestación de Bienes pasó a la Secretaría de la Contraloría.
Junto con la Ley de Responsabilidades se modificó el Código Penal para el Distrito Federal en materia común y para toda la República en materia del fuero federal. En el capítulo de peculado se tomó en cuenta que el bien jurídico que se tutela al sancionarlo no es ni única ni principalmente el patrimonio del Estado sino, sobre todo, la lealtad y patriotismo en el desempeño de la función pública.
La opinión pública se había mostrado profundamente insatisfecha con el artículo 221 del Código Penal, que reducía la sanción a los responsables de peculado “si dentro de los diez días siguientes a aquel en que se descubrió el delito devolviera el reo lo sustraído”.
La devolución de lo sustraído no repara el daño ocasionado con el incumplimiento y por ello se suprimió esta disposición.127
3. Convenios internacionales
Durante el lapso que nos ocupa la Procuraduría General de la República trabajó conjuntamente con la Secretaría de Relaciones Exteriores para formular tratados de ayuda mutua y de extradición con España y los Estados Unidos de América. Se desahogaron consultas inherentes al cumplimiento del tratado de ejecución de sentencias penales con Estado Unidos y, con base en ellas, se realizó la transferencia de reos norteamericanos enviados a su país y la recepción de reos mexicanos procedentes de prisiones norteamericanas.
Entre el 1o. de diciembre de 1977 y junio de 1980, se habían transferido cuatrocientos ochenta y un reos norteamericanos y doscientos treinta y seis mexicanos.128
En 1981 se efectuó el primer traslado de reos panameños a su país.
4. Campaña contra el narcotráfico
En 1977 se creó la Coordinación General de la Campaña contra los Estupefacientes.
En 1978 se elaboró un Plan Nacional de Campaña. Por el número de regiones potencialmente productoras y su difícil topografía, se dividió el país en trece coordinaciones regionales para el desarrollo y control de las actividades. Las coordinaciones formularon programas anuales de trabajo y se trazó por zona la estrategia para las operaciones.
En atención a que la marginación propicia el que algunos campesinos se dediquen a cultivos ilícitos, se inició un estudio socioeconómico de la región limítrofe de los estados de Sinaloa, Durango y Chihuahua, principal zona productora de estupefacientes. En dicho estudio se identificaron fuentes ocupacionales sustitutivas de dichas actividades y se sometió posteriormente a la consideración de las autoridades locales y federales, así como a organismos privados.129
En 1978 se inició la utilización experimental del rastreador electro-óptico para detectar plantíos ilícitos, el cual registra la “firma espectral” emitida por los objetivos, la que al procesarse electrónicamente señala precisa y confiablemente la exacta ubicación de los plantíos.130
A fines de la década de los 70 se observaba que los casos de homicidio intencional relacionados con el trafico de drogas habían aumentado, por lo que se intensificaron las acciones de aseguramiento de armas de fuego con respecto a persona que las portaban ilegalmente.131
Durante el período 1976-1982 la Procuraduría sostuvo la política de desistimiento de la acción penal en los casos en que, por indigencia o atraso cultural existente en las regiones marginadas, los campesinos fueran inducidos a la siembra y cultivo de estupefacientes por los narcotraficantes. Esta actitud se hizo extensiva también a quienes en la ciudad, sin ser delincuentes habituales, caen eventualmente en manos del tráfico de drogas, siendo portadores o consumidores de pequeñas cantidades. La filosofía de la Procuraduría es que, quienes se encuentren en tales condiciones, deben ser rehabilitados. Este esfuerzo se coordinó durante el período de referencia con el Centro Mexicano de Salud Mental y con los Centros de Integración Juvenil.132
Entre 1976 y 1980 más de dos mil personas se habían beneficiado con esta política, ninguna de las cuales había reincidido en su conducta antisocial.133
El gobierno de México reafirmó su actitud clara y definida de exigir reciprocidad al gobierno de los Estados Unidos de América, correlativa al esfuerzo que aquí se realiza en los programas de control de estupefacientes, efectuando, entre otras acciones, una estricta vigilancia para evitar su flujo a ese país. Cabe mencionar que la Procuraduría General de la República —y otras dependencias federales—, advirtieron a las autoridades competentes en Estados Unidos que, si no instrumentaban un mecanismo para evitar el contrabando de artículos norteamericanos a nuestro país, México suspendería las acciones de vigilancia que impedían la exportación de narcóticos. Se obtuvo así que a partir del 31 de enero de 1979, el Departamento del Tesoro de aquel país requiriera un certificado para la exportación de artículos a México.134
En 1979 la Organización de las Naciones Unidas reconoció que nuestro país realiza un programa eficaz de erradicación de las fuentes de producción de narcóticos. El propio Director de la División de estupefacientes de la ONU, así como varias delegaciones de países afectados por el problema de narcóticos que visitaron México en 1979, pudieron constatar sobre el terrero, los resultados concretos del esfuerzo de nuestro país. En el mismo año la ONU decidió destinar becas para que técnicos extranjeros recibieran adiestramiento en México sobre diferentes áreas de la campaña contra los estupefacientes.135
En 1980 se creó un laboratorio especializado en Culiacán, Sinaloa, para estudiar el uso de herbicidas y su impacto ecológico, mediante investigaciones y pruebas de campo, tratando de evitar daños al ecosistema.136
Para principios de la década de los 80 se observaba ya que la intensa lucha contra el narcotráfico había producido cambios en los tradicionales métodos de siembra, reduciendo cada vez más la superficie sembrada, tratando de ocultar en lugares de difícil acceso, así como haciendo productivas áreas que anteriormente nunca se cultivaban.137
Para principios de la década de los 80 se observaba ya que la intensa lucha contra el narcotráfico había producido cambios en los tradicionales métodos de siembra, reduciendo cada vez más la superficie sembrada, tratando de ocultar en lugares de difícil acceso, así como haciendo productivas áreas que anteriormente nunca se cultivaban.137
En el lapso 1977-1979, la Procuraduría sufrió la irreparable pérdida de treinta y cuatro miembros en acciones de la campaña permanente contra el narcotráfico. Entre ellos se contaban agentes de la Policía Judicial Federal, pilotos y mecánicos.138
Para adquirir autosuficiencia técnica en el manejo de helicópteros, se desarrolló un programa de cursos de capacitación y actualización para pilotos y especialistas en su mantenimiento. En coordinación con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología se estableció un fideicomiso con el Banco de México, S.A., para enviar veinticuatro pilotos y veinte técnicos a los Estados Unidos a recibir adiestramiento en dichas materias.139
5. Apoyos a otras dependencias
Los servicios aéreos de la Procuraduría colaboraron en 1979 con la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos en un programa de combate a la mosca del Mediterráneo, fumigando aproximadamente 220 mil hectáreas.140
En 1980 la Procuraduría General de la República prestó apoyo a Petróleos Mexicanos para determinar las bases del comportamiento de la mancha del crudo que se dispersó por el Golfo de México, a consecuencia del descontrol del pozo petrolero Ixtoc I.141
6. Biblioteca
En 1981 se adquirieron veintiún mil volúmenes para la biblioteca, que sumados a los nueve mil existentes hicieron llegar el acervo a treinta mil publicaciones especializadas en materia jurídica.
Durante el período 1976-1982 se construyó el edificio anexo a San Juan de Letrán en la Calle de López No. 12. Allí se instaló la biblioteca “Emilio Portes Gil” de la Procuraduría General de la República, una de las mejores en materia jurídica. Desgraciadamente, los daños sufridos por las instalaciones de la Procuraduría en 1985 con motivo del terremoto afectaron la operación de la mencionada biblioteca.
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